Este verano ha surgido el debate entre los padres, docentes y políticos de nuestro país sobre si los alumnos que llevan al colegio la comida desde sus casas deben pagar por usar el comedor del centro. Todo ha comenzado tras saltar a la opinión pública la noticia de que en Cataluña los colegios cobrarán tres euros (la mitad de lo que cuesta el menú completo en el comedor) a los niños que lleven comida de su casa. La justificación de este gasto se encuentra, según ellos, en que estos niños también utilizan las instalaciones y éstas sufren un desgaste que hay que añadir al de luz, agua y otros gastos corrientes.
 
En Valencia, por su parte, han dado libertad a los consejos escolares para aplicar o no cargas económicas a los alumnos que coman “de tupper”, como coloquialmente se les cataloga. Desde el partido político UPyD no están nada de acuerdo con que estos niños deban abonar cantidad alguna y, por ello, han registrado una proposición no de Ley para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados con el objetivo de prohibir a los colegios públicos y concertados que cobren a los alumnos de este modo.
 
Según explican, en la mayoría de las comunidades autónomas el precio del comedor está entre los cuatro y los seis euros diarios, lo que supone un gasto mensual por hijo de entre 80 y 130 euros, sin que las familias reciban ninguna ayuda. El problema se agrava, según la formación, si tenemos en cuenta el número de hogares con todos sus miembros desempleados –más de 1,7 millones- lo que hace que el riesgo de exclusión social supere el 20% sin que se contemplen ayudas para estas familias en lo que a comedores escolares se refiere.
 
Es por ello que algunas regiones han habilitado la posibilidad de que los alumnos se lleven la comida de casa pero, si siguen teniendo que pagar por usar el comedor, el ahorro no será efectivo. Si tenemos en cuenta la situación de Cataluña, por ejemplo, donde tendrán que pagar tres euros más la comida que lleven; es probable que tengan que pagar más por llevar el “tupper” que por lo que cuesta un menú en otras comunidades como por ejemplo Canarias.
 
Por todo esto, UPyD solicita no sólo que se prohíba el cobrar a los alumnos por comer lo preparado en sus casas, sino que también se aprueben con carácter de urgencia medidas legales que garanticen la igualdad de los estudiantes españoles en su acceso a los comedores escolares, con independencia de la comunidad autónoma en la que residan.